Crecen peticiones de protección a la Segob. En septiembre se acaba ese fondo

 

 

Por Rogelio Hernández López

 

 

En lo que va de 2019 se han disparado, 24 por mes en promedio, las solicitudes de protección al mecanismo de la Secretaría de Gobernación … el fondo se acabará en septiembre… estamos haciendo gestiones en la Secretaría de Hacienda y ante el Congreso para que nos provean de emergencia 160 millones y poder atender a más de mil beneficiarios que serán al terminar el año…

Aarón Mastache, el responsable del mecanismo de protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas refiere todos estos datos y se cuida de no decirlos en tono de alarma ni de sentenciar que inminente su colapso financiero. Él es demasiado cuidadoso y tranquilo.

Así con su voz calma en la sala 3 del Senado a la República, acepta los reclamos de legisladoras, diplomáticos, representantes de organizaciones civiles y periodistas que el llamado mecanismo de protección federal es “muy deficiente”, que está demasiado rebasado y además agrega:

“Ahora no se tiene capacidad de atender a todos los mexicanos que necesitan protección al ejercer sus derechos a defender a otros y hacer periodismo” … “Así como está ya no puede seguir… es indispensable también que los gobernadores se unan a la junta de gobierno y cumplan sus obligaciones…”

163 beneficiarios más

El titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Segob fue uno de los ocho expositores, el miércoles 7 de agosto, en el foro al que convocó la Senadora Nestora Delgado para presentar una investigación de la Asociación Civil Propuesta Cívica del marco normativo de protección titulado “Frente al Riesgo y el Caos”.

En su turno el ingeniero Mastache explicó: “de los 948 beneficiarios de protección federal, 163 son nuevos, de este año. Se han disparado las solicitudes. Calculamos que en diciembre serán más de mil los que soliciten protección.

“Pero el mecanismo, así como está no alcanzará a atender más, ni por la cantidad de personal que tenemos ni por los recursos… “El fondo de protección que nos asignó la Cámara de Diputados este año es de 207 millones 600 mil pesos, casi igual al que se autorizó en 2017 y en 2018, cuando se tenían menos demandantes.”

Los datos oficiales indican que el fondo ejercido en 2017 fue de un poco más de 215 millones y en 2018 de 259 millones de pesos. “Ahora –explica Aarón Mastache-- con el disparo de peticiones en octubre se habrá agotado este fondo de 2019.

Urgen 150 millones

A pregunta expresa, Mastache informa que el Mecanismo requiere para poder atender las nuevas solicitudes 150 millones de pesos adicionales solo para el fondo que costea las medidas de protección, sin contratar más personal. “Estamos haciendo las gestiones en la Secretaría de Hacienda y en la Cámara de Diputados para que nos auxilien de emergencia y también para que el presupuesto de 2020 sea suficiente para poder transformar y mejorar el mecanismo.”

¿Cuánto será entonces lo que requerirá el mecanismo el año entrante? --se pregunta a José Luis Calderón, uno de los asistentes de Mastache—“Sólo para el fondo, 360 millones de pesos, pero tenemos que contratar y capacitar a más personal, más acciones en campo para evaluaciones de riesgo. Yo calculo que lo mínimo ascendería a 400 millones de pesos.

Se debe recordar que el fondo se maneja mediante un fideicomiso y que sus recursos no se pueden utilizar para salarios, honorarios, ni mantenimientos ni enseres ni uso de oficinas porque son “exclusivamente, para la implementación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.

Gobernadores al mecanismo

El gasto de medidas de protección se eleva por la cantidad de personas que son desplazadas forzadamente de sus lugares de vivienda y porque el financiamiento federal es para conseguir y mantener los refugios con los mínimos de seguridad, de electricidad, alimentos y enseres. Para esto, muy pocas veces aportan los gobiernos de los estados de origen de los amenazados.

Mastache explica que los estados de la federación en situación de alerta roja –por la cantidad de amenazados por alto riesgo—para defensores de los derechos humanos son cinco: Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

En el caso de periodistas las entidades en rojo, por la cantidad de desplazados por alto riesgo son Tamaulipas, Guerrero, Ciudad de México y más recientemente se dispararon las alertas en Quintana Roo.

Por esas y otras razones, es que se revisa la composición de la Junta de Gobierno del Mecanismo, (instancia que decide las medidas de protección) para que los gobiernos de los estados se incorporen y asuman sus responsabilidades y no solo con el representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Explica Mastache.

 

 

 

 

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BALCÓN POLÍTICO 12/02/20

Los Independientes

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